Consultá el patrimonio declarado por quienes gestionan fondos públicos. Requisito básico para detectar enriquecimientos injustificados y ejercer el control sobre el uso del poder.
La Declaración Jurada de Bienes y Rentas es la herramienta más directa para verificar enriquecimientos injustificados de funcionarios públicos. La Ley 5033/13 obliga a presentarla a quienes ejercen cargos electos, de alta jerarquía o con manejo de fondos. Y consultarla es un derecho de cualquier persona.
Ley 5033/2013. Reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos. La Contraloría General de la República es el órgano encargado de recibir, custodiar y verificar estas declaraciones.
No todos los funcionarios — pero sí los que toman decisiones sobre el dinero público o ejercen cargos electos:
Presidente y Vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, gobernadores, intendentes, concejales municipales y departamentales.
Ministros de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, fiscales y defensores generales.
Viceministros, directores generales, presidentes y directores de entes descentralizados, autárquicos, empresas públicas y mixtas.
Cualquier funcionario público que administre, recaude, controle o tenga responsabilidad directa sobre el manejo de bienes o fondos del Estado.
Una DJ es un documento técnico, pero su lectura no requiere ser experto. Lo que importa es la evolución — comparar dos declaraciones del mismo funcionario en momentos distintos y ver si el patrimonio creció, se mantuvo o cambió de forma coherente con sus ingresos.
Tocá el botón «Ir a herramienta». El portal oficial muestra el listado completo de declaraciones públicas, organizadas por funcionario y período.
Por nombre, institución o cargo. La búsqueda devuelve todas las declaraciones presentadas — al inicio de gestión, anuales y al final de gestión.
El paso clave: tomá la DJ de inicio de gestión y la última disponible. Mirá la evolución de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y deudas.
Los sueldos públicos están publicados (planillas en cada institución). Si el patrimonio creció más de lo que el sueldo permite, hay materia para profundizar.
Si encontrás incongruencias graves (bienes no declarados, saltos patrimoniales sin explicación), podés presentar una denuncia con la evidencia documental.
«La transparencia patrimonial es la base más simple y poderosa del control sobre lo público. Cuando un funcionario sabe que su evolución patrimonial puede ser comparada por cualquier persona, el espacio para el enriquecimiento ilícito se reduce.»
Los puntos que en general revelan más:
Las DJ son públicas. Compararlas es un acto de control.
El derecho está garantizado — solo hay que ejercerlo.
La CGR custodia más de cien mil declaraciones de funcionarios obligados. Cualquier persona puede consultar las que están publicadas. La transparencia depende de que efectivamente se las consulte.