Auditoría de Cumplimiento — Instituto Forestal Nacional (INFONA)
La auditoría sobre el Instituto Forestal Nacional revisó la gestión de áreas bajo su responsabilidad y detectó deficiencias estructurales similares a las observadas en otros organismos ambientales del país: marco legal incompleto, baja consolidación territorial y financiamiento insuficiente para cumplir el mandato.
Lo que dicen los números
Lo que dice el informe — citado y explicado
La Ley N° 352/94 "De Áreas Silvestres Protegidas" no fue completamente reglamentada, dejando vacíos legales en la gestión de estas áreas.
Solo 16 de las 40 áreas protegidas públicas tienen mensura judicial, y solo una tiene titulación completa a nombre de SEAM.
No se implementó el consejo previsto por la ley, afectando la coordinación interinstitucional y la transparencia en el uso de fondos.
Muchas áreas protegidas no están demarcadas ni señalizadas adecuadamente, poniendo en riesgo su integridad.
Texto completo
Autoridades Principales
Supervisión y Coordinación:
- Ing. Agr. Federico Palacios, Director, Dirección de Control de Gestión de los Recursos Naturales
- Lic. Arnaldo Andrés Acosta, Director General, Dirección General de Control de Gestión Ambiental
Equipo de Auditores:
- Equipo de Auditores:
- Lic. Biol. Roberto Penayo
- Ing. Agr. Analia Gómez
- Lic. Carlos Amarilla
- Ing. Amb. Iván Balmori
- Ing. Amb. Jorge Paredes
Objetivo de la Auditoría
Evaluar la gestión de la Secretaría del Ambiente (SEAM) en la implementación de políticas de conservación de la biodiversidad, con especial enfoque en el manejo de áreas silvestres protegidas bajo dominio público.
Alcance de la Auditoría
- Periodo Revisado: Enero de 2009 a diciembre de 2013
- Áreas Revisadas: Gestión de áreas silvestres protegidas bajo dominio público, incluyendo procedimientos de creación, manejo, financiación y consolidación territorial.
Principales Hallazgos
- Reglamentación Insuficiente: La Ley N° 352/94 «De Áreas Silvestres Protegidas» no fue completamente reglamentada, dejando vacíos legales en la gestión de estas áreas.
- Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas: No se implementó el consejo previsto por la ley, afectando la coordinación interinstitucional y la transparencia en el uso de fondos.
- Consolidación Territorial Incompleta: Solo 16 de las 40 áreas protegidas públicas tienen mensura judicial, y solo una tiene titulación completa a nombre de SEAM.
- Señalización Deficiente: Muchas áreas protegidas no están demarcadas ni señalizadas adecuadamente, poniendo en riesgo su integridad.
- Recursos Financieros: La ejecución presupuestaria mostró una gestión financiera insuficiente para cumplir con los objetivos de conservación.
Recomendaciones Clave
- Reglamentar la Ley N° 352/94: Completar la reglamentación pendiente para cubrir todos los aspectos necesarios para la gestión efectiva de áreas protegidas.
- Implementar el Consejo Nacional: Establecer formalmente el Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas para mejorar la coordinación y uso de recursos.
- Consolidación Territorial: Completar los procesos de mensura y titulación de todas las áreas protegidas públicas.
- Mejorar la Señalización: Instalar señales y demarcaciones adecuadas en todas las áreas protegidas.
- Optimización de Recursos: Gestionar de manera más eficiente los recursos financieros asignados para maximizar el impacto en la conservación de la biodiversidad.
Conclusiones
La auditoría reveló deficiencias significativas en la gestión de la SEAM respecto a la consolidación y manejo de las áreas silvestres protegidas bajo dominio público. La falta de reglamentación adecuada y de coordinación interinstitucional ha impedido una gestión eficiente y efectiva de estas áreas.
Impacto y Relevancia
Este informe es crucial para mejorar la gestión pública de las áreas silvestres protegidas en Paraguay, lo cual es fundamental para la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Las recomendaciones emitidas buscan fortalecer el marco institucional y operativo de la SEAM, garantizando una gestión más transparente y efectiva que beneficie a la ciudadanía y al ecosistema nacional.